Para muchos pasó desapercibido aquel momento cuando, en una de sus clásicas mañaneras, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Es para que hubiera miga… para dar nota… plan con maña”. Así respondía aquella mañana del 3 de septiembre del 2024 cuando un reportero le preguntó si era broma lo que había expresado dos día antes, en su último “informe al pueblo” desde el Zócalo de la CDMX, de que el sistema de salud pública de México era mejor que el de Dinamarca, como tantas veces lo había prometido.
“No, no, no, no… (Fue) para hacerlos enojar… ¿cómo se le llama en el periodismo? Para que hubiera miga, para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen: ‘a ver qué le sacamos’… (Fue) para dar la nota”.
Y luego remató: “Les voy a dar la nota, les di dos o tres, les di esa y les di la de la votación. ¡Uy, cómo cuestionan eso! A mano alzada”.
Que nadie se llame a engañado si se recurre a esa serie de afirmaciones, que dibujan “de cuerpo entero” a quien hizo de las promesas incumplidas una forma de gobernar. Y para desgracia del país, esa manera de mandar se la heredó a quienes hoy detentan el poder.
La paradoja es que el régimen que más ha normalizado la mentira como herramienta de mando pretende hoy erigirse como “árbitro de la verdad”. Lo que debería ser un ejercicio de rendición de cuentas, porque los gobernantes se deben a lo ciudadanos que los eligieron, se ha convertido en la palestra desde donde se calumnia y amenaza, sin derecho a la defensa a que todo ciudadano tiene derecho.
Cuando el poder decide qué es verdad y qué es mentira deja de ejercer la función para la cual fue elegido por la mayoría: gobernar y rendir cuentas. Aquí, en cambio, estamos frente a la distorsión del poder en su más pura acepción: controlar con base en la mentira para “imponer” una narrativa que sirva para castigar con el desprestigio y el linchamiento social a quien se atreva a cuestionar lo que diga “dueño de la verdad”. De ahí las herramientas que utiliza dicho poder para someter a medios y periodistas, muy lejos del marco legal y códigos de ética que los rige frente a la sociedad. Por ello, usar a las “audiencias” como pretexto para dicho control es tan deleznable como inmoral al negar a cualquiera el derecho de réplica frente a los dichos del gobierno que se constituye como censor y poseedor de “la única verdad”.
Lo que busca el régimen es “desplazar” el debate público hacia el terreno donde el poder goza de todas las ventajas y derechos y ninguna de las obligaciones que pretende exigirle a los demás. Que no quede duda que se trata de un intento más de controlar la información que busca “lavarle la cara” al régimen actual y castigar a quienes cuestionen la narrativa oficial que difiere, en mucho, de lo que la realidad nos ofrece.
Tal como lo ha expresado la Barra Mexicana de Abogados “la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional y democrático del Derecho. Se trata de un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrumentos internacionales de los que México es parte. Su protección no solo ampara el derecho de toda persona a expresar, difundir y recibir ideas e información, sino que constituye una garantía indispensable para la deliberación pública, la rendición de cuentas y el funcionamiento de nuestra democracia”.
Cualquier propuesta orientada a establecer mecanismos de regulación, lineamientos o controles a priori sobre el ejercicio de este derecho debe analizarse con el mayor rigor constitucional. No obstante existan propósitos legítimos; la experiencia nacional e internacional demuestra que los esquemas que permiten a la autoridad definir los límites del discurso público pueden convertirse en instrumentos susceptibles de restringir indebidamente la crítica, inhibir el debate plural o generar mecanismos de censura directa o indirecta.
