Cuando comenzó el registro de aspirantes a ocupar la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, hubo personajes de gran calibre en conocimiento y preparación, fue difícil la decisión de los diputados encabezados por Ricardo Monreal.
La tarea recayó en Aureliano Hernández Palacios y su compromiso, como el de otros más que participaron, fue el de dar cumplimiento en tiempo y forma a las leyes mexicanas en esta nueva encomienda y ofreció que se apegaría a la legalidad independientemente que se tratara de quien se tratara.
Hoy con los datos que ha comenzado a revelar en las investigaciones del INE de Guadalupe Taddei que en consecuencia salpicó también a los Organismos Públicos Locales Electorales, ha desenterrado la impunidad y revelado la complicidad desde las altas esferas gubernamentales.
Esas investigaciones también se han extendido con rudeza y sin titubeos a la máxima casa de estudios de la UNAM que dirige el rector Leonardo Lomelí que asumió el cargo en noviembre del 2023 y a una distancia de un año de terminar su mandato. Hay cifras millonarias sin comprobación, vaya, una especie de desvíos a los bolsillos de alguien.
Y por si había dudas que en la Cuenta Pública nomás no se tocaría, bueno, hay un faltante de más de nueve mil millones de pesos en la segunda entrega del 2025 que nadie sabe a donde fueron a parar, aunque esa indagatoria ya tiene aroma de cárcel.
La tarea que ejerce le ha permitido hacerlo con toda libertad, lleva el respaldo, para empezar del propio presidente de la Cámara de Diputados, el verde-ecologista, Raúl Bolaños-Cacho y del líder de la JUCOPO y de San Lázaro, Ricardo Monreal.
Aunado a ello, anote el respaldo también de Palacio Nacional que ofreció, la que manda, al nuevo Auditor rascarle a fondo de las denuncias contra quien se tenga que investigar. No hay línea de complicidades.
La dinamita que explotó en el INE por las denuncias de medios de comunicación que tiene en la antesala a más de 30 candidatos a Almoloya, y que está bajo la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, marca un mensaje a los gobiernos, instituciones, universidades, incluso empresas que son beneficiadas de los dineros públicos, que las becas de impunidad prácticamente con la salida del ex auditor David Colmenares, ya se acabaron.
Entonces, vamos a ver si Aureliano Hernández pasa la prueba del ácido y logra denunciar todas esas irregularidades millonarias que favorecieron a unos cuantos con un gran descalabro a México para poder fincarles responsabilidades y paguen con penas ejemplares, obviamente desde la cárcel.
Si es así, entonces estaremos ante un nuevo fenómeno en el país que se podría adelantar como la figura del nuevo Zar Anticorrupción, de lo contrario, sería solo llamarada de petate.
Por lo pronto ya hay quienes están pidiendo esquina y para que se de una idea, además del INE, OPLES y UNAM están en ese escenario de alto riesgo, personajes de los tres órdenes de gobierno, alcaldes, estados y más. La tarea apenas comienza.
CORTE PONE PAUSA DESTITUIR A GOBERNADOR SAMUEL GARCIA
El vicecoordinador de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar explotó contra las reglas jurídicas que evitan se pueda dar cumplimiento al juicio político que el Congreso de Nuevo León promovió contra el gobernador Samuel García.
Hay una serie de irregularidades con cifras millonarias que deberán ser aclaradas, pues existe la presunción de desvíos y fraudes en el terreno de corrupción de alta gama.
El asunto es que ahora la Suprema Corte del ministro presidente, Hugo Aguilar dio entrada a un recurso de la defensa de Samuel García que impide, mientras se pueda llevar a cabo el proceso de juicio político.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó dejar en pausa el análisis de la suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir al gobernador Samuel García, como consecuencia del juicio político iniciado en su contra. Aplazar esta discusión no es suficiente, debemos demandarle a las ministras y ministros que resuelvan de fondo este asunto, que permitan al Congreso de Nuevo León determinar lo conducente en el juicio político y que se aplique la sanción correspondiente”.
No podemos permitir que una controversia constitucional o un amparo dejen sin efectos el juicio político. Si se permite continuar el procedimiento, pero se impide ejecutar la destitución o la inhabilitación, se termina anulando su propósito fundamental: exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder público, señaló en su exposición Ramírez Cuéllar.
Que la llegada al gobierno de esta administración, fue con la consigna de acabar con la impunidad de esa corrupción desmedida, que frente a los problemas e impunidad que han evidenciado en distintas entidades federativas, incluso el INE, se debe recuperar el compromiso y para ello presentó la iniciativa de liminar el fuero, pues ahí está el mejor ejemplo en Nuevo León.
REFORMA DE BELTRONES PARA QUITAR EL PODER UNICO EN EL INE
El presidente del Senado, Higinio Martínez fue el primero en criticar la corrupción que se destilaba en el INE de Guadalupe Taddei, que no se podía aceptar que sean los medios de comunicación los que determinen las investigaciones de esos casos. Por ello pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum presentar un programa anticorrupción con medidas más contundentes, al considerar que México necesita una transformación de fondo para frenar el uso indebido de recursos públicos, los posibles conflictos de interés y los abusos de funcionarios.
Bueno, en la Cámara Alta, el senador Manlio Fabio Beltrones detonó el primer paso para atacar esa mafia de corruptelas que se instauró a una sola figura del INE con Taddei.
Presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para devolver al Consejo General del INE la colegialidad en sus facultades de nombramientos de titulares de Direcciones Ejecutivas y de Unidades Técnicas que, en el 2024, Morena y sus aliados, arbitrariamente le quitaron y fue el origen de los abusos y corrupción del INE de Guadalupe Taddei.
Entonces con esta reforma que busca regresar la colegialidad, para quitar todo el poder de decisión a la presidencia en turno y que ahora, si se aprueba, que los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que celebre el Instituto cuyo monto total exceda de diez millones de pesos requeriría de aprobación previa del Consejo General.
Es decir, Beltrones en esa reforma contempla que la colegialidad se garantice en la Constitución y en la ley, y nunca más se pueda conceder por voluntad personal.
Obviamente que Beltrones sabe que se necesita de la voluntad política del partido oficial y el líder del Senado, Ignacio Mier tiene la última palabra, si le dan luz verde en Palacio.
