La historia de los hermanos Yarte Sada comenzó en 1995 con una escritura de donación sobre una copropiedad familiar. Con el paso de los años surgieron diferencias entre familiares sobre la autenticidad y validez de ese documento, lo que provocó una larga disputa patrimonial.
El conflicto escaló hasta convertirse en un proceso penal que terminó con sentencias condenatorias contra tres hermanos por el delito de uso de documento supuestamente falso. Las autoridades ministeriales y judiciales concluyeron que existían elementos para considerar la escritura en disputa como un documento presuntamente falso, criterio que fue rechazado por la defensa durante todo el procedimiento.
La controversia tomó un nuevo rumbo cuando los sentenciados cuestionaron una resolución federal. Según su defensa, la sentencia incorporó una actuación que no aparece en las constancias judiciales revisadas por ellos. Por esa razón acudieron al Tribunal de Disciplina Judicial para solicitar una revisión administrativa de la actuación de una magistrada federal.
La denuncia fue desechada. Más allá de la disputa familiar y de las resoluciones que derivaron de una escritura considerada judicialmente como un documento presuntamente falso, el caso abrió un debate sobre los alcances de los mecanismos de vigilancia interna del Poder Judicial y sobre la forma en que se atienden los señalamientos dirigidos a integrantes de los tribunales.
