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Los entretelones del Convenio Marco de Interconexión

El impacto regulatorio de los cambios al tema de la interconexión telefónica no convence a toda la industria.

Fíjese que expertos y analistas en telecomunicaciones, proveedores mundiales de tecnología, sindicatos y ciudadanos han comenzado a cuestionar los supuestos beneficios económicos que traerá el Convenio Marco de Interconexión (CMI).

Se trata de un tema relevante en la industria en la medida en que pueda destrabar otros pendientes que tiene la secretaría de Comunicaciones de Dionisio Pérez-Jácome, pero donde a decir de los consultados no cumple con el Acuerdo de Convergencia, viola y pretende sustituir a la Ley Federal de Telecomunicaciones e incluso otorga privilegios y  transferencias económicas a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión y/o audio restringidos.

El caso es que 16 de 17 comentarios publicados sobre la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) presentada por la Cofetel de Mony de Swaan para justificar el CMI, se cuestiona la ausencia de un modelo económico en el Análisis Costo-Beneficio presentado por la autoridad, lo que va en contra del Acuerdo de Calidad Regulatoria y del Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio.

El caso es que se ha expuesto que la Cofetel no contempla todos los costos que se requieren en inversión de infraestructura para poner en marcha el CMI propuesto.

Entre los puntos más criticados se encuentra la presunción de la Cofetel de que en los próximos 10 años habrá en el país “siete nuevos entrantes por año”, “cada uno de ellos operando en 18 comunidades” y “capturando” 2,500 clientes al final del primer año, un escenario que de plano se ve muy optimista.

Es por ello que los actores involucrados en el proceso de consulta, pidieron a la Cofemer solicitar información adicional a la Cofetel e incluso no admitir la MIR y reiniciar el proceso de consulta.

Así, la Cofemer que tiene como mandamás a Alfonso Carballo deberá enviar a la Cofetel las observaciones presentadas a la MIR, para que sean tomadas en cuenta y aporte la información solicitada sobre los costos reales de la medida regulatoria.

Entre los principales puntos comentados en la Consulta Pública anote el de Fernando Butler Silva, analista Económico-Financiero del Sector Telecomunicaciones, quien dijo que la Cofetel presenta una justificación económica basada en supuestos arbitrarios y carentes de todo fundamento, por lo cual no se puede realizar un análisis costo-beneficio “con un mínimo de seriedad que demuestre los beneficios potenciales de la regulación propuesta”.

 Butler destaca que la Cofetel considera que el poner a disposición de los concesionarios 10 puntos de interconexión IP en todo el país no a tener costo alguno. Además, supone que cada año durante 10 años habrá siete nuevos operadores de telefonía fija con cobertura en 18 poblaciones, para lo cual se basa en información de 2010 cuando sólo hubo un nuevo entrante, mismo que sólo opera en cinco poblaciones.

Para MediaTelecom Policy and Law el CMI propuesto viola la Ley Federal de Telecomunicaciones, además de representar una sobrerregulación al sector con lo que no otorga certidumbre jurídica a la industria de las telecomunicaciones, en particular a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que proporcionan el servicio fijo de telefonía local.

Agregó que otorga privilegios y transferencias económicas a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión y/o audio restringidos, y además no cumple con los términos del acuerdo quinto del Acuerdo de Convergencia.

Telmex ha perdido más de 4 millones de líneas en un lapso de seis años, por lo que una regulación adicional es contraria a las tendencias internacionales y a la lógica económica de cualquier empresa.

Y bueno, Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), afirmó que la propuesta de CMI parte de una tesis fuera de contexto, ya que omite indicar que la interconexión ya existe y funciona con las normas técnicas establecidas y el sustento jurídico vigente, por lo que “no se identifica en la propuesta como contribuye como factor determinante al desarrollo del sector con la infraestructura, la cobertura y los costos para el beneficio del país y la sociedad”.

 En fin, la ruta crítica del CMI aún se ve bastante complicada de ahí que no descarte que se tengan que realizar ajustes al plan originalmente planteado por Cofetel.