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Revisan cuentas de Sindicato Minero

Todo parece indicar que Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, se encamina a seguir los pasos de la ex lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, para convertirse en el segundo dirigente sindical que será sujeto a proceso penal.

Ya hay señales claras de que la maquinaria de la justicia mexicana actuará en contra de “Napito”, después de que el pasado fin de semana el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, declarara que la dependencia a su cargo revisará el caso de Gómez Urrutia y del propio Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Desde el 2001, fecha en que Gómez Urrutia tomó el mando de dicho organismo gremial, la mayor parte de los mineros y trabajadores afines denuncian que “Napito” usurpó el poder, heredado por su padre también líder sindical, Napoleón Gómez Sada, sin que nada hayan hecho al respecto, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y como no es trabajador realmente debe ser removido del cargo.

Adicionalmente, el funcionario destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para investigar a cualquier líder sindical y organismo gremial, acerca del origen de los recursos que maneja, al igual que lo hace con cualquier empresa o individuo.

Los disidentes, principalmente agrupados en la Alianza Minera Nacional, de Héctor Jiménez Coronado, que reúne a 14 mil obreros dentro del Sindicato Minero, que superan a los 9 mil fieles a “Napito”, exigen que el “líder” informe del uso de cuotas sindicales de por lo menos 125 millones de pesos y de 55 millones de dólares que debió entregar a trabajadores de Minera Cananea, lo cual desvío a cuentas personales.

Obviamente, de 2001 a la fecha, “Napito” jamás ha informado de que manera ha manejado los recursos sindicales, sin dejar de vivir una vida ostentosa en Vancouver, Canadá, similar a la de otros líderes, como Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Joel Ayala y Joaquín Gamboa Pascoe.

Para Jiménez Coronado sólo falta la voluntad política del Gobierno Federal para que se actúe legalmente en contra de “Napito”, ya que persiste el proceso penal en su contra por el desvío de recursos. La pregunta es si en realidad el gobierno peñista está decidido a poner la casa en orden o si el caso de Gordillo será la excepción.