Por: José Antonio Chávez
Los priistas en el Senado que coordina Miguel Angel Osorio Chong, decidieron ratificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga gobernando y evitar con ello el ejercicio de la revocación de mandato.
Le criticaron que quiera gastar en ocurrencias para pedir que sus seguidores les sigan aplaudiendo, pues parece que es lo único que le interesa. Manuel Añorve le atizó que no es concurso de popularidad.
Estamos hablando de la revocación de mandato que los priistas reprobaron porque su gasto de mil 700 millones es una cifra que puede ser utilizada para cosas prioritarias o de carácter urgente como pruebas de COVID, por ejemplo.
Para el senador y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Jorge Carlos Ramírez Marín esta consulta es una herramienta innecesaria, pues nadie absolutamente nadie está pidiendo al Presidente que suspenda la continuación de su mandato.
Que hay un consenso absoluto de que siga siendo el Presidente de México y en consecuencia continúe en el ejercicio de esta función que lo eligieron 30 millones de mexicanos por seis años.
En la lógica, el Presidente López Obrador sabe que los priistas y todos los críticos que se oponen a ese gasto tienen razón, sin embargo también sabe que es la oportunidad de colocar en la Constitución su sello de esta obra jurídica de consulta de Revocación de Mandato para futuras administraciones.
Es la huella que quiere marcar en su sexenio, que fue el Presidente que puso a consideración de los mexicanos a mitad de su camino si estaban de acuerdo que siguiera o no gobernando.
Bueno, esa parte está más que detectada por los priistas y hasta los panistas de Marko Cortés, por ejemplo, Ramírez Marín hizo un llamado a las fuerzas políticas para reprobar ese gasto.
Entonces ¿para qué preguntar? Y sobre todo para qué hacer este ejercicio presupuestal de más de mil 800 millones de pesos cuando nadie le está pidiendo la revocación de mandato.
Naturalmente que esta estrategia de Palacio Nacional, también mete en aprietos al INE de Lorenzo Córdova como responsable de sacar adelante la consulta que por ley están obligados a realizar, toda vez que les mocharon el Presupuesto y no les asignaron recursos extraordinarios en Hacienda, un revés que los mete en graves problemas.
Armar las casillas para la recepción del voto en la primera semana de abril, parece que ya no hay tiempo y más aún cuando las barreras siguen manifestando con los alegatos que no cesan su curso. La falta de recursos económicos a pesar de los 20 mil empleados del INE para tal efecto, parece ser una frustración que los priistas están adelantando. Un gasto innecesario y nada más.
Le midieron para desbancar a Monreal
Si bien hay una tregua en el pelito de Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal en alianza con Marcelo Ebrard, también es cierto que el encontronazo prendió focos rojos en Palacio Nacional.
Para nadie es secreto que la operación salió del gobierno de la Ciudad, desde luego por el senador con licencia, Martí Batres que instruyó a su sucesor César Cravioto de arrebatarle la coordinación al de Zacatecas, pero el manotazo presidencial los aplacó
Le tuvieron que medir, dicen los cercanos al que manda en Palacio Nacional porque no era una tarea tan fácil de querer dar un golpe de Estado para desbancar a Monreal del liderazgo de la bancada de mayoría.
Sus mediciones registraron que Monreal por lo menos tiene de 20 a 23 senadores leales de los 60 del grupo, vaya de esos valedores que se la juegan con él.
Esos números le darían en automático la pérdida de la mayoría a la bancada de Morena y un gustazo, pero muy gustazo a los opositores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que lograrían tomar el control de la Cámara Alta.
Esa fue la medición que impidió dar luz verde al golpe de Estado y, desde luego, sumaría una nueva crisis al Presidente que hoy está sufriendo calentura de altura por la casa blanca americana de su hijo José Ramón.
Frenar Calica costara 500 MDD
Otro de los escándalos que está en puerta, es la posible cancelación de la empresa minera Calica que se ubica en el estado de Quintana Roo, es la subsidiaría de Vulcan Company y que podría costar el gobierno mexicano 500 millones de dólares si le echan abajo su concesión de una mina de piedra caliza y un muelle y terminal marítima en esa entidad. Es decir, si el gobierno federal decide no renovar ambos títulos, entonces que asuma las consecuencias porque hay que recordarles que están vigentes hasta el 2037.
