El caso de Evangelina López Guzmán no es una simple disputa legal. Es el reflejo de cómo el sistema judicial puede convertirse en un instrumento de desgaste, más que en un mecanismo de resolución.
Años de litigio, maniobras procesales y dilaciones estratégicas han convertido su búsqueda de justicia en una travesía tortuosa.
Abogados con poder e influencia: ¿defensa o presión política?
Los nombres involucrados en el caso son conocidos y con peso político: Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Marco Antonio del Toro Carazo, Fernando Gómez-Mont Urueta y Luis Alfonso Cervantes Muñiz. Cada uno ha jugado un papel que, según documentos y testimonios, ha contribuido a mantener el expediente en pausa.
Romero Ramos habría intervenido directamente para invalidar pruebas clave y presentar recursos con el único fin de prolongar el litigio. Fernández de Cevallos, figura histórica del PAN, ha sido vinculado a resoluciones judiciales que paralizaron el avance del caso por meses. Del Toro Carazo, aunque no figura oficialmente, tiene un historial de defensa en casos de alto perfil que sugiere una influencia indirecta.
Gómez-Mont Urueta, ex Secretario de Gobernación, habría articulado una defensa basada en tecnicismos procesales para evitar una resolución definitiva. Y Cervantes Muñiz, quien representó a Evangelina, está señalado por presentar escritos falsos en los que ella supuestamente desistía de acciones legales, sin su consentimiento.
Una red de colusión que trasciende el litigio
Lo más preocupante es que estos abogados no habrían actuado solos. Testimonios y documentos apuntan a una colaboración con jueces y autoridades en Jalisco y Chihuahua. Amparos que se resuelven con rapidez cuando benefician a una parte, y con inexplicable lentitud cuando favorecen a Evangelina, son parte de este patrón.
Cada mes sin sentencia firme aumenta el riesgo de que Evangelina no vea el final del proceso, una estrategia que parece apostar al desgaste físico y emocional de la demandante.
Justicia en pausa: ¿hasta cuándo?
Este caso no es solo una historia personal. Es un espejo de cómo el poder político y económico puede manipular el sistema judicial para convertirlo en un muro, no en un puente hacia la justicia. Mientras esto ocurra, la ley seguirá siendo un privilegio para quienes pueden pagar su manipulación, y un tormento para quienes solo buscan ejercer un derecho.
“La justicia no puede depender del poder de influencia, sino de la verdad y el derecho. Cuando eso se invierte, el sistema deja de ser justo y se convierte en una herramienta de control,” señala un análisis jurídico independiente que acompaña el expediente.
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