El pasado 25 de julio se dio a conocer públicamente que Justino Raúl Muñoz Téllez, actual Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el estado de Querétaro, es señalado en dos denuncias formales presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Las acusaciones apuntan a posibles actos de extorsión, corrupción en devoluciones fiscales y abuso de autoridad.
Uno de los casos más ilustrativos es el del trámite de devolución de impuestos con folio DC042400039936, en el que se habría condicionado el avance del procedimiento a una reunión directa entre el contribuyente y el propio Muñoz Téllez, lo que sugiere un patrón de discrecionalidad y presión indebida.
A más de una semana de haberse hecho públicos estos señalamientos, las autoridades siguen sin pronunciarse. Ni el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, ni la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, ni la dirigencia nacional de Morena, con Luisa María Alcalde, han emitido una postura oficial sobre el caso.
Tampoco se ha informado si el funcionario ha sido separado del cargo o si existe alguna investigación administrativa en curso. Todo indica que Muñoz Téllez continúa operando con normalidad, lo que acrecienta la percepción de protección institucional y doble discurso en el combate a la corrupción.
En este sentido, sería importante contar con algún posicionamiento por parte de Amelia Guadalupe de Léon Ortega, Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, responsable del área a la que pertenece Justino Raúl Muñoz Téllez.
En un país donde la narrativa gubernamental ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales banderas, el silencio también cuenta. Y en este caso, cuenta en contra.
