En política, tener claras las prioridades no solo facilita la toma de decisiones, también define el legado de una administración.
En Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018–2024) parece haber ignorado esta premisa. En lugar de invertir en infraestructura crítica para prevenir desastres naturales, se apostó por obras como el estadio Luis Pirata Fuente, que hoy representa un símbolo del desorden administrativo.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado de Veracruz, en su informe de la Cuenta Pública 2024, dictaminó un daño patrimonial de 160 millones 331 mil pesos en las etapas dos y tres de la remodelación del estadio. La obra, ejecutada por el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, presenta fallas graves: barandales oxidados, butacas sin visibilidad, césped desprendido, tuberías mal colocadas y riesgo de inundaciones en plateas.
Incluso se omitió la restauración de la estatua de bronce de Luis “Pirata” Fuente, a pesar de que se había destinado medio millón de pesos para ello. El inmueble, lejos de ser funcional, es un espacio inseguro y subutilizado.
Desde su inauguración, el estadio ha albergado apenas un par de torneos de bajo perfil, incluyendo uno de influencers. Su escasa utilidad lo convierte en un elefante blanco, reflejo de una administración que priorizó el espectáculo sobre las necesidades reales de la población.
La falta de consecuencias es tan preocupante como las irregularidades mismas. ¿Dónde están las investigaciones contra José Luis Lima Franco, exsecretario de Finanzas y actual director del INDETEC, o contra Luis Javier Gómez Cazarín, diputado local que impulsó el proyecto? Ambos fueron piezas clave en la ejecución de una obra que hoy representa un gasto innecesario y una oportunidad perdida.
La actual gobernadora Rocío Nahle, conocida por su carácter firme, tiene ante sí una oportunidad para marcar diferencia. Retirar el comodato otorgado en fast track a los hermanos José Carlos y René Vives sería un paso hacia la rendición de cuentas. Más aún, redirigir los recursos hacia la atención de las inundaciones que hoy afectan a miles de veracruzanos demostraría que las prioridades han cambiado.
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