La gestión pública se mide en resultados, pero también en respuestas. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle enfrenta críticas por su manejo discursivo ante episodios de violencia.
Tras la desaparición del trailero Bulmaro Herrera y los bloqueos consecuentes, su negativa a responder preguntas generó inconformidad. Posteriormente, colgó la llamada al equipo de la periodista Azucena Uresti cuando intentaban cuestionarla sobre posibles apoyos a la familia del desaparecido. El episodio reforzó la narrativa de evasión.
Un estado marcado por desapariciones
Veracruz continúa entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas en México. Diversos registros sitúan al estado dentro del grupo que concentra una proporción considerable de casos nacionales.
Los hechos violentos recientes, como las balaceras en Chicontepec, exhiben un entorno complejo donde confluyen disputas criminales y debilidades institucionales.
En este contexto, la ciudadanía espera definiciones claras, no silencios estratégicos.
La contradicción histórica
Como figura de oposición, Nahle fue crítica severa de la situación de seguridad en la entidad. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, calificó a Veracruz como un “infierno” y cuestionó la capacidad del gobierno en turno.
Hoy, la responsabilidad recae en su administración. La vara con la que se midió al pasado es la misma con la que hoy se evalúa su gestión.
Desgaste acelerado
El descenso en su aprobación —estimado en más de 3.6% anual— refleja un deterioro que no se limita a la estadística. Se traduce en ánimo social adverso y cuestionamientos sobre gobernabilidad.
La violencia estructural no se resuelve únicamente con operativos; requiere conducción política y empatía pública. En Veracruz, el desafío para Rocío Nahle no es solo contener los indicadores delictivos, sino reconstruir confianza.
