A pesar de las declaraciones triunfalista del oficialismo, lo cierto es que la economía mexicana ha acentuado en las últimas semanas su ajuste y será otro año perdido en la parte de crecimiento.
Si pregunta a cualquier correduría extranjera ó banco de inversión nacional le referirán una marcada caída de la inversión privada, porque de la inversión pública mejor ni hablamos, dado el freno que ha significado la consolidación fiscal, en otras palabras, la necesidad de bajar el abultado déficit que heredó Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
La caída de la economía no se explica por un solo factor, y por lo que refiere a la parte externa prevalece la incertidumbre por la revisión del TMEC en 2026 donde se espera para el primer semestre del año en puerta que varios proyectos de inversión sigan detenidos.
Y bueno, por lo que refiere a los factores internos sobran temas que inquietan al sector privado.
Uno de los más recurrentes es la falta de certeza jurídica, concretamente no ha gustado la reapertura de criterios por parte de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene como ministro presidente a Hugo Aguilar Ortiz que ha hecho a un lado el principio jurídico de cosa juzgada.
El tema se comenta en lo privado, tanto por empresas globales como mexicanas, pero ya se han hecho públicos algunos expedientes como el de Coca-Cola Femsa que en una votación impulsada por la ministra Lenia Batres Guadarrama se quiere revisar un supuesto adeudo fiscal de la firma que comanda José Antonio Fernández Garza-Lagûera por más de 2 mil 800 millones de pesos, esto no obstante que la anterior SCJN ya había rechazado el caso por improcedente en lo que significa un revisionismo fiscal para los grandes contribuyentes.
Algunos especialistas ven en la ofensiva contra el grupo regiomontano motivaciones políticas, es decir un tratamiento similar al que ha tenido el cobro del adeudo fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego.
Pero lo decía que la actual coyuntura contra el capital privado ha llevado a que los analistas revisen a la baja sus estimados de crecimiento a pocas semanas que caiga el telón de 2025.
El banco estadounidense Citi acaba de revelar los datos de su más reciente encuesta entre analistas la cual arroja un aumento del pesimismo, y las expectativas de crecimiento del PIB disminuyeron para 2025 y 2026.
La estimación mediana de crecimiento de 2025 se espera ahora en 0.4 por ciento, con pronósticos que van desde 0.1 por ciento hasta 0.6 por ciento desde 0.5 por ciento en la encuesta de la quincena anterior.
Para 2026 los analistas consultados por Citi disminuyeron a 1.3 por ciento su estimado de crecimiento desde 1.4 por ciento.
Como le digo, tal parece que entre la 4T hay un ánimo de espantar la inversión privada, con todo y que para el reflector en la semana que acaba de termina se anuncia con bombo y platillo la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para tratar de apuntalar la inversión privada ante la creciente incertidumbre y donde ojalá las voces del empresariado sean escuchadas en Palacio Nacional.
La ruta del dinero
La discusión sobre el futuro del T-MEC ha abierto una oportunidad para revisar el estado real de la vida sindical en México. En las consultas organizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) participaron 683 organizaciones sindicales agrupadas en la plataforma Rethink Trade, que reúne a centrales como United Steelworkers, United Auto Workers, SEIU y diversas agrupaciones vinculadas a la AFL-CIO, además de cientos de organizaciones sociales. Todas esas agrupaciones coinciden en un diagnóstico común: la reforma laboral mexicana de 2019 sentó bases importantes, pero su aplicación todavía presenta retos significativos, indican analistas laborales. Las organizaciones advierten que muchos sindicatos siguen siendo poco representativos y sin democracia. Una perla japonesa lo representa Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), quien el 15 de abril pasado se reeligió por seis años más en elecciones impugnadas por diversas acciones, como: padrón de trabajadores alterado, falta de transparencia, existencia de una planilla única (encabezada por él) y opacidad financiera. La dirigencia de Martínez Araiza ha sido impugnada ante las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no informar sobre el uso de cuotas sindicales por 500 millones de pesos, sin ningún tipo de auditoría, pero ahora el líder sindical tiene el descaro de viajar a Estados Unidos para hablar de transparencia en el marco de la próxima revisión de acuerdo comercial.
