En meses recientes ha comenzado a circular en dependencias federales un expediente que merece atención. No surge de la oposición ni de organizaciones civiles, sino de una empresa de seguridad privada que decidió acudir a las instancias correspondientes al considerar que el terreno de la contratación pública dejó de ser equitativo.
La denuncia, presentada el 4 de febrero pasado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Mejía Berdeja, describe un patrón que en el ámbito empresarial resulta conocido: establecer condiciones tan específicas que sólo un número reducido de participantes pueda cumplirlas.
El tema central está en los requisitos. Certificaciones como ISO 17024 e ISO 55001 — ambas bajo normas internacionales — están siendo solicitadas en procesos que corresponden a licitaciones públicas nacionales. El detalle no es menor: en México sólo existe un organismo facultado para expedirlas, lo que en los hechos limita la participación de competidores.
A ello anote exigencias como contar con cursos en materia de seguridad e integridad de los migrantes y respeto a los derechos humanos del migrante en territorio nacional. Se trata de materias relevantes para la política migratoria, pero que no forman parte de las funciones de una empresa de seguridad privada.
No se trata de cuestionar la importancia de los estándares o de la capacitación, sino de analizar si guardan relación directa con el servicio contratado.
¿El resultado? Un grupo reducido de empresas queda en posición de cumplir. Y dentro de ese grupo aparece un nombre que ya genera comentarios en el sector: SERPROSEP.
La denuncia sostiene que diversas licitaciones en servicios de seguridad habrían sido estructuradas con el mismo acento que sumadas rebasan los 5 mil millones de pesos. Es decir, recursos públicos que deberían asignarse bajo principios de competencia efectiva.
Existe evidencia que el esquema se podría replicar en convocatorias de IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud y el propio Instituto Nacional de Migración. De hecho, en el caso de migración, la licitación ya fue publicada y puede consultarse en la plataforma Compras MX.
Aquí es donde el tema deja de ser técnico y entraña licitaciones a modo, y cuando la competencia se reduce, los mercados se distorsionan, pero cuando se presenta en compras gubernamentales el impacto lo absorbe el erario, pero al final son cuentas que pagamos todos.
La ruta del dinero
Federico Cerdas, mandamás de Skyhaus, es uno de esos empresarios que no se quiebran cuando arrecia la tormenta. Al inicio fue blanco de duras críticas, incluso injustas. El caso es que hoy, con la negociación entrando en su fase final, queda claro que resistió, ordenó la casa y empujó una salida que beneficiará a cientos de familias para dar continuidad a proyectos clave que ampliará su presencia como desarrollador. Si el cierre se concreta, como todo indica, no sólo se habrá destrabado un conflicto complejo: habrá nacido un viviendero serio, resiliente y con visión de década, justo cuando México más lo necesita.
