En el complejo entramado logístico que rodea al sistema nacional de refinación de Petróleos Mexicanos, pocas cadenas de negocio resultan tan discretas como la comercialización, transporte y almacenamiento del coque de petróleo.
Este subproducto del proceso de coquización —clave para procesar crudos pesados— se ha convertido en una actividad estratégica dentro de la operación de Pemex Transformación Industrial.
Sin embargo, detrás de esta actividad se ha consolidado una estructura empresarial que durante años ha concentrado contratos y participación de mercado en condiciones poco transparentes.
Tal es el caso de ADN Energía, firma vinculada al grupo empresarial regiomontano Grupo CLISA, controlado por los hermanos Gustavo, Gudelio y Gerardo Cavazos Marroquín
Esta compañía se integró formalmente al grupo tras una reestructuración empresarial en 2013 y desde entonces ha desarrollado actividades relacionadas con el suministro y manejo de coque y otros insumos energéticos para Pemex y la CFE.
El negocio no es menor. La empresa ha obtenido contratos para la comercialización, transporte, carga y almacenamiento de coque en diversas refinerías del país, entre ellas Madero, Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Tula. Estas operaciones representarían ingresos anuales superiores a los 2 mil 500 millones de pesos, lo que refleja la dimensión económica del manejo logístico del coque.
Como imaginará, el crecimiento de ese consorcio no ha estado exento de controversias. Investigaciones periodísticas han vinculado a empresas relacionadas con el grupo con episodios polémicos. Entre ellos, señalamientos sobre presuntas irregularidades en el transporte de materiales hacia Estados Unidos o su posible relación con actividades vinculadas con actividades ilegales en la región carbonífera de Coahuila en la década pasada.
La ruta del dinero
Se cumplen 295 días que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al mando de Marath Bolaños exigió a Alejandro Martínez Araiza, bajo el ordenamiento del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), rendir cuentas de la administración del patrimonio del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), del cual es secretario general. Hasta dónde saben los trabajadores sindicalizados de empresas de la talla de Mondelez, Pepsico, Sabritas, Barcel, Mars, Sigma Alimentos, Alpura y Pan Ideal, Martínez Araiza no ha informado del destino del patrimonio del SNAC que tan sólo en cuotas sindicales se estima en más de 500 millones de pesos, acumuladas en 6 años.
Añada que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, pidió desde el 19 de mayo de 2025 al dirigente sindical del SNAC rindiera a los trabajadores un informe minucioso de las finanzas y bienes; luego fue requerido en persona para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad laboral y estatutaria vigentes.
El caso es que Martínez Araiza sigue sin cumplir lo que establece la ley Federal del Trabajo, sin olvidar que debió informar sobre la administración del patrimonio sindical en el acta de asamblea del 15 de abril pasado cuando se reeligió por un periodo más como secretario general, pero no cumplió con dicha disposición, porque las cuentas del SNAC sólo las conoce su dirigente.
