Ante el cúmulo de denuncias por presunta corrupción en el Poder Judicial, hace apenas unos días el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, puntualizó que la falta de transparencia desincentiva la inversión, tanto extranjera como nacional. Esta afirmación nace, justamente, frente a hechos de corrupción y tráfico de influencias. Baste recordar que se ha señalado reiteradamente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf de favorecer a la Cooperativa La Cruz Azul y, en concreto, a quien ella misma ha reconocido como su amigo, Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien enfrenta denuncias judiciales y penales.
Cabe recordar que la hija del directivo azul, Renata Velázquez, forma parte del equipo técnico-operativo de la ponencia de la ministra Ortiz, quien a su vez ha buscado atraer los juicios de la cooperativa para avalarlos, como ocurrió en la sesión más reciente: el lunes de la semana pasada.
De todos es conocido que la ministra llegó a esa posición gracias al apoyo de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador. Hoy, Scherer es señalado por los cooperativistas como el operador de la toma de Cruz Azul. A ello se suma su distanciamiento con la presidencia actual y con la anterior, derivado de sus expresiones de corrupción en contra del vocero presidencial Jesús Ramírez.
Conviene precisar el contexto: Scherer Ibarra ha estado involucrado en diversos escándalos de extorsión vinculados al asunto de la Cooperativa La Cruz Azul, en el que se han documentado señalamientos públicos y denuncias formales en su contra. En ese marco, resulta particularmente preocupante que la ministra Loretta Ortiz pareciera facilitar la continuidad de las encomiendas de Scherer desde la propia Suprema Corte, lo que configuraría uso indebido del cargo en beneficio de intereses ajenos a la función jurisdiccional.
En fin, este tema dará mucho de qué hablar ya que recordemos que la Cooperativa La Cruz Azul, que llegó a ser la primera organización de su tipo en América Latina y la segunda cementera más grande del país, hoy ha caído a la última posición, dejando a más de 15 mil familias sin su fuente laboral.
Transporte Sustentable
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, a través de su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, presentó el Plan Integral de Movilidad para la capital poblana y su zona metropolitana, el cual tiene el propósito de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del estado. Dicho plan responde a un crecimiento proyectado de 2.5 a 3 millones de habitantes para 2030 y al aumento de viajes diarios de 4.4 a más de 5 millones, con una visión que privilegia a las personas sobre los vehículos y que pone primero a quienes menos tienen.
El eje del plan es el Sistema de Transporte por Cable: 4 líneas con 9 estaciones y 13.6 kilómetros de recorrido que conectará colonias populares, universidades y espacios públicos clave. El sistema es 100 por ciento eléctrico, operará 18 horas diarias y tendrá una tarifa única de no más de 12 pesos, con acceso gratuito para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes de educación básica. Es también un compromiso ambiental: ningún árbol será talado y que los 90 ejemplares que se ubican en su trayectoria serán trasplantados con tecnología especializada para ponerlos en otro sitio, tal como se hace en Japón. El gobierno poblano cuenta con la maquinaria necesaria para garantizar la supervivencia de lo árboles.
Denuncia en Nayarit
Nos informan que el caso de Playa Las Cocinas, en Punta Mita, llegará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo que lo eleva a nivel nacional. El activista Pepe Ávila denunció amenazas, vigilancia e intimidación, además de una carpeta de investigación en su contra que le fue comunicada por el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, lo que coloca al presidente municipal en el centro del conflicto. Su actuación es el principal punto de crítica por la falta de una postura clara y la ausencia de acciones para garantizar la integridad del activista. Nos dicen que en lugar de contener la tensión, ha contribuido a incrementarla. Con la intervención del Congreso se revisará si el gobierno municipal ha sido omiso o si su actuación ha agravado el conflicto.
