En momentos en que las finanzas públicas comienzan a resentir los efectos de la falta de crecimiento económico, ya se revisa autorizar, a partir del próximo año, un impuesto de 2 por ciento a celulares, tabletas y otros dispositivos.
En la industria de la electrónica de consumo le llaman el “moche digital”, un tema que ya estuvo en el Congreso en 2021 y que fue rechazado por impopular en la Cámara de Diputados, incluso con varios votos de la bancada de Morena y sus aliados.
Hete aquí que la renovada creatividad fiscal habría surgido desde la Secretaría de Cultura, que lleva Claudia Curiel de Icaza, y el INDAUTOR, al frente de Karina Luján Luján.
Ambas dependencias contarían con la asesoría de Roberto Cantoral y la SACM, bajo el entendido de que lo recaudado “teóricamente” buscaría apoyar a creadores y compositores, pero que en realidad pretende aliviar las finanzas públicas, luego de que este año se reporta una caída de casi 7 por ciento en la recaudación del ISR de las empresas, básicamente por una economía estancada.
El planteamiento del gobierno federal parte de cobrar por la capacidad del dispositivo para almacenar o reproducir contenidos, independientemente de que su propietario realice copias de obras protegidas.
Digamos que es una suerte de cobro preventivo por el uso que eventualmente podría darse al equipo, un argumento con pobre sustento tecnológico cuando la mayor parte de los consumidores recurre a los contenidos en la nube o al streaming.
Pero, como le decía, no se trata de una discusión nueva para elevar la carga impositiva de las personas en un mercado dinámico como el de los dispositivos, ya que el cambio ahora está en el mapa de ruta: lo que antes se buscó aplicar mediante una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, ahora se pretende instrumentar por reglamento, incorporando sujetos obligados, dispositivos base de cálculo y, por supuesto, una tasa impositiva de hasta 2 por ciento.
Y bueno, la nueva intentona impositiva ocurre sin un estudio que valide la iniciativa y cuantifique el perjuicio de una copia privada, el daño a las empresas dedicadas a realizar contenidos o bien lo que se piensa recaudar, ya que se van por la fácil: cobrar en función del precio del dispositivo.
Pero, como le decía, el planteamiento de Curiel, Luján y Cantoral desconoce que dicho cobro incurriría en un doble pago, ya que buena parte del consumo de contenidos de música y audiovisuales se da mediante plataformas o suscripciones licenciadas. En otras palabras, sería un despropósito que algunos calculan podría recaudar la friolera de unos 750 millones de dólares al año.
La ruta del dinero
Grupo Financiero Banorte, que tiene como mandamás a Carlos Hank González, acaba de ser incluido como una de las “World’s Most Sustainable Companies 2026”, un ranking global elaborado por la revista Time que identifica a las empresas con mejor desempeño Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). El reconocimiento involucra a 750 empresas de todo el mundo, luego de un análisis de 5 mil 800 firmas líderes en sus mercados, en el que se consideran más de 20 indicadores en función de estándares internacionales.
De acuerdo con la firma Ahorra Seguros, el año pasado uno de los segmentos más dinámicos en México fue la venta de pólizas para motocicletas, con un incremento de 20 por ciento.
