En días recientes se ha publicado información relevante acerca del grado de avance en la adopción de internet en nuestro país, como que al cierre de 2014 más de la mitad (51%) de la población de 6 o más años ya es usuaria regular de internet. Preocupa la otra mitad de los mexicanos desconectados, pero sobre todo aquellos que por limitaciones económicas se ubican en la base de la pirámide social.
Esta “Base de la Pirámide Social” puede describirse como aquel segmento de la población ubicado por debajo del límite de la línea de pobreza, sea esta alimentaria, patrimonial o de capacidades. Ese vasto grupo en México es de aproximadamente la mitad de la población y por lo general viven en zonas rurales, “ciudades perdidas” o “cinturones de miseria”. Entre sus características se encuentra tener muy limitada o nula formación escolar, carencia de acceso a crédito formal y, por lo general, carecen de canales de distribución de bienes y servicios por vía del mercado. Como resultado, carecen de herramientas suficientes para detonar su productividad, favorecer su inclusión social, satisfacer sus necesidades de desarrollo y, con todo, incrementar sus oportunidades de generación de ingreso y mejorar su calidad de vida.
Es por lo general, este mismo conjunto poblacional que padece de las deficiencias en términos de cobertura, calidad y precio de los servicios de telecomunicaciones, debido a la incapacidad del mercado para una adecuada provisión.
Efectivamente, el mercado no alcanza ahí a detonar los incentivos suficientes para desplegar infraestructura en las comunidades marginadas del país.
Sorprende que siendo el preponderante el que ostenta la mayor cobertura en el país (Telcel presume que “todo México es su territorio”, al cubrir a 94% de la población), sea precisamente el que registra los cobros por servicios más altos a aquellos individuos que realizan consumos de servicios menores, derivado de su menor poder adquisitivo. Y claro, de su excesivo poder de mercado en esas regiones de cobertura exclusiva.
Con respecto a esto último, nos referimos a que tan sólo en la modalidad de prepago (equivalente a 84.7% de las líneas móviles en el país al primer trimestre de 2015), en la cual seguramente la base de la pirámide tendrá contratada una línea móvil, se cobra más por el consumo de servicios (voz, SMS, MB de navegación en internet) bajo menores montos de recarga que en aquellos mayores a los $149 pesos.
Como ejemplo tenemos que en uno de los seis esquemas tarifarios que ofrece el operador preponderante bajo esta modalidad de pago el costo por minuto de voz es tres veces más caro para aquellos usuarios que recargan menos de $149 pesos que aquellos que abonan saldo por $200 pesos o más.
En lo que toca al servicio de internet móvil, el MB de navegación en prepago tiene un costo superior que supera varias veces aquel que se carga a los usuarios de pospago cuando han excedido la capacidad de acceso que se tiene en su contrato de servicios. Lo que resulta en una limitante importante al acceso a estos servicios para la base de la pirámide social en México.
Este sobreprecio en telecomunicaciones móviles impuesto por el preponderante deriva en la necesidad de que por la vía de política pública, se impongan las condiciones necesarias y accesibles para que aquellos usuarios en la base de la pirámide puedan acceder efectivamente a estos servicios. Sin duda un motor importante para detonar el desarrollo y acceso a bienes y servicios entre los individuos bajo este contexto social resulta ser aquellas acciones y proyectos enfocados en el progreso de zonas en las que el mercado no interviene o lo hace en menor medida.
