· Defraudación fiscal, asunto de seguridad nacional
· Empresarios inconformes
· Certidumbre, no persecución: IP
En el marco de la discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión, que perfila para esta semana la aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, misma que ya ajustada deberá obtener, al menos, 80 mil millones de pesos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo Federal para 2020, con la finalidad de cumplir con todos los compromisos del gobierno de la llamada 4T, los diputados dieron el albazo para criminalizar a los contribuyentes.
Ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el dictamen a la minuta que combate a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas.
Considera como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y el Penal Federal.
Establece como delito la defraudación fiscal, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente contempla 2 millones 601 mil 410 pesos.
Se derogó la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, del Código Fiscal de la Federación, en el cual se indica que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, a quien por sí o interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Además, será castigado con las mismas penas, al que sabiéndolo permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del Código Fiscal.
De igual manera, refiere que se requerirá querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito. Y el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a operaciones de procedencia ilícita, se podrán perseguir simultáneamente.
Inconformidades
Antes de ser aprobado el mencionado dictamen, las inconformidades no se hicieron esperar, incluso entre legisladores hubo puntos de vista opuestos, como el del diputado Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano, quien rechazó en tribuna a nombre de su bancada la forma desproporcionada de sanciones que cataloga al delito como delincuencia organizada, que sea de prisión preventiva oficiosa y clasificado como un delito de seguridad nacional.
Según Del Toro, el documento aprobado carece de las observaciones realizadas por especialistas en el Parlamento Abierto, quienes expresaron que la medida no atiende de forma contundente la evasión y por el contrario, advirtió, afectará a los inversionistas y empresarios.
Como secretarlo de la Comisión de Justicia, el diputado ciudadano Juan Carlos Villarreal expuso que la redacción del dictamen carece de claridad y el alcance que tendrá respecto a las sanciones de prisión preventiva y seguridad nacional. Alertó que con la redacción final del dictamen se violenta la Constitución, además de que no hay certidumbre, pues las medidas son desproporcionadas.
Al final de cuentas la Cámara de Diputados ni la burla perdonó, pues el llamado Parlamento Abierto, convocado para congregar a especialistas, empresarios y sociedad en general con el fin de analizar la mencionada iniciativa e incluir en el dictamen final las opiniones de éstos, resultó ser un auténtica simulación que derivó en un circo mediático, pues la mayoría de los legisladores siguieron la línea dictada y ordenada desde Palacio Nacional por ya saben quién.
Certidumbre, no persecución: IP
El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín, lamentó que para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Poder Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.
Esto lo habían advertido de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.
“El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”.
Destacó el organismo que para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos.
Ante esta situación, el sector empresarial en voz del CCE hizo un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos.
