Como sucede en cualquier deporte, un buen árbitro es del que menos se habla durante la contienda. Es aquel que hace su trabajo con “bajo perfil”, de manera discreta, pero cuya actuación resulta fundamental para el éxito de la competencia.
Lo mismo sucede en el ámbito político-electoral. Lamentablemente, en esta ocasión las noticias sobre el árbitro no han sido buenas en los últimos tiempos. Hoy, es del que más se habla y no precisamente para bien. Cuando al árbitro se le menciona de manera negativa y se le comprueban hechos de corrupción, todo el cotejo pierde sentido y el resultado ya es lo que menos importa. El proceso de todo el juego en su conjunto queda prácticamente manchado.
Un buen árbitro electoral requiere condiciones de imparcialidad, autonomía y amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas con la finalidad de garantizar la confianza ciudadana. Para nadie es un secreto que todo lo que se ganó en esa materia en la últimas dos décadas, aún con sus fallas y deficiencias, hoy queda prácticamente anulado con la realidad que vive una de las instituciones que gozaba de mayor confianza entre los ciudadanos.
El análisis concluyente de quienes en las últimas semanas han estudiado lo que ocurre en el actual INE advierte que cuando una mayoría legislativa designa en solitario a la autoridad electoral (al árbitro) sin acuerdos amplios, se debilita la legitimidad y la confianza en su neutralidad, tan necesaria en estos tiempos.
Son tres las columnas fundamentales para trabajar en la recuperación de dicha confianza: Autonomía real que no permita estar subordinado o injerencias de partidos políticos, del gobierno en turno o grupos de interés. Que haya consenso en los nombramientos con procesos de selección transparentes que involucren negociaciones plurales entre las distintas fuerzas políticas con el fin de dotar de legitimidad a sus integrantes y Profesionalismo Técnico que permita dirigir los procesos electorales basado estrictamente en la ley en las capacidades técnicas comprobadas y no en “cuotas” partidistas. Lo mismo que transparencia y honestidad en los contratos establecidos para la dotación del material necesario para la organización de los procesos; puesto que se trata del manejo de recursos públicos que se asignan, o deberían asignarse, por concurso público.
Lamentablemente, la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Si hay algo que trasciende a los propios partidos políticos y deposita su confianza en la sociedad es el construir alianzas, generar acuerdos y participar en l defensa de las libertades y la vida democrática.
De ahí la exigencia de contar con un Instituto Nacional Electoral confiable y garantizar un proceso transparente para designar a quien ocupará su próxima presidencia, con integridad, independencia, experiencia y capacidad técnica.
La confianza ciudadana es el respaldo principal de la autoridad electoral. Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad. Y lo que se pone en riesgo, cuando el árbitro falla, son nuestras libertades. Por ello, la defensa de la democracia exige a ciudadanos organizados a través de aquellas instituciones de la sociedad civil, que hoy resuelven en parte lo que los gobiernos no han podido resolver.
Para nadie es un secreto que la reforma electoral de 2024 concentró facultades en su presidencia y debilitó los contrapesos y controles que ya existían. Hoy, la consecuencia la pagamos todos: decisiones cuestionadas, la falta de un árbitro electoral confiable y los señalamientos de corrupción que deberán ser tipificados y castigados.
La renuncia de una persona y sus principales colaboradores no resuelve la crisis. Hoy, más que nunca, queda claro que se necesitan controles internos y contrapesos – nuevamente – que garanticen la autonomía y la independencia de quien será el nuevo árbitro electoral. El tiempo apremia.
