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Piden blindar campañas politicas

Es preciso establecer controles uniformes para todos los partidos políticos que eviten que el dinero ilegal sea infiltrado en las campañas por la Presidencia y los gobiernos locales, pues hasta ahora solo se han propuesto ideas aisladas y los mecanismos de autoevaluación no son lo suficientemente sólidos.

Ramón García Gibson, director general de García Gibson Consultores, despacho especializado en antilavado de dinero, propuso que cada organización política nombre a un funcionario independiente y autónomo, que tenga a su cargo un área de supervisión de las operaciones financieras de manera similar como lo hacen las empresas financieras con los llamados oficiales de cumplimiento.

Esa persona deberá ser el “primer filtro” para prevenir y detectar recursos de procedencia ilícita, así como dictar las reglas que regirán sobre todo el financiamiento privado de las campañas políticas.

Agregó que también se debe trasladar al ámbito electoral una obligación que tienen las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero de reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se podría establecer un mecanismo similar a través del cual los partidos políticos establezcan reglas claras sobre personas, montos y frecuencia que podrán ser parte del financiamiento privado de una campaña política, dichas reglas deberán ser supervisadas por el oficial de cumplimiento del partido político.

Ramón García Gibson, quien también es copresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Capítulo México, (ACAMS), sostuvo que esa área antilavado deberá desempeñar al menos las funciones de hacer del conocimiento de las autoridades del partido, la celebración de contratos o depósitos en cuentas bancarias cuyas características pudieran generar un alto riesgo, y coordinar tanto las actividades de seguimiento de las operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para dictaminarlas inusuales cuando así lo ameriten. La autonomía del oficial de cumplimiento dentro del partido político es fundamental para el desarrollo de sus actividades por lo que se debe buscar una línea de reporte independiente a un órgano colegiado como su consejo político u otro similar.

Señaló que el crear áreas internas de prevención, detección y reporte de lavado de dinero hacia el interior de los partidos políticos, puede ser la primera línea de defensa para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en las aportaciones privadas de campañas políticas.

Concluyó que un trabajo en conjunto de los oficiales de cumplimiento de los organismos políticos con el Instituto Federal Electoral (IFE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el sector financiero puede dar resultados excelentes en beneficio y transparencia de los dineros en los procesos electorales.