Son muchos ya los frentes abiertos en la relación entre México y Estados Unidos, lo que convierte a esta época en la más riesgosa en lo que a la política exterior se refiere. Al igual que la muy probable suspensión del Tratado Comercial México-Estado Unidos-Canadá, la rispidez en la cooperación con nuestro vecino del norte en materia de combate a los cárteles del crimen organizado asentados en territorio mexicano y las peticiones de captura del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 de sus más cercanos colaboradores por su presuntos nexos con lo grupos del narcotráfico más relevantes del norte de México, así como los calificativos despectivos que en los últimos meses ha proferido el presidente estadounidense Donald Trump para referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum (bailarina de ballet, “maravillosa, con una voz “hermosa”), hoy se suma la decisión de Washington de investigar los 53 consulados que nuestro país tiene en toda la Unión Americana bajo señalamientos de influir, a través de grupos de migrantes, en contra del Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre próximo.
Nuestro país se había caracterizado durante décadas por construir un Servicio Exterior respetado en el mundo. Detrás de cada consulado y cada embajada había mujeres y hombres preparados, diplomáticos de carrera, que entendían que representar a México implicaba defender la soberanía nacional; no con discursos, sino con hechos. Ello significó por décadas proteger a nuestros connacionales y actuar con absoluta responsabilidad institucional.
Esa tradición, hoy está siendo erosionada y dinamitada peligrosamente por el uso faccioso que Morena, convertido en gobierno, ha hecho de la red consular mexicana.
La política exterior mexicana dejó de ser una herramienta de Estado para convertirse en un mecanismo de “pago de favores”, de reparto político y de protección y “escudo” de personajes impresentables que encontraron en el Servicio Exterior Mexicano una salida cómoda para mantenerse en la vida pública con estructuras de poder profundamente corruptas así como la impunidad que necesitaban para “sobrevivir” en su carrera política.
Mientras los consulados de México en Estados Unidos están integrados por personal profesional, comprometido y leal a la nación, muchos están encabezados por perfiles cuya designación responde más a intereses políticos que a méritos diplomáticos, lo que ha dejado consecuencias nefastas que hoy afectan a toda la nación.
Hoy, la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa por uno de sus momentos más delicados en muchos años. La administración del presidente Trump ha endurecido su discurso y sus mecanismos de vigilancia frente a cualquier posible infiltración criminal y corrupción institucional. Diversos políticos del régimen morenista han comenzado a colocarse “bajo la lupa” de las autoridades estadounidenses, principalmente aquellos sobre quienes pesan señalamientos de vínculos con grupos criminales y estructuras de “protección política”.
Ello coloca a la red consular mexicana en una situación extremadamente delicada. Los consulados no son “oficinas menores”: son la primera “línea de defensa” de millones de mexicanos que viven, trabajan y construyen su vida en Estados Unidos. Son espacios en los que nuestros connacionales buscan – y deberían obtener – ayuda jurídica, protección y acompañamiento migratorio y respaldo institucional. Debilitar la credibilidad de esas representaciones por “aventuras políticas e ideológicas” y utilizarlas como “moneda de cambio” de políticos que, cuando eran oposición, cometieron actos de corrupción y por ello hoy militan en el oficialismo, es poner en riesgo a millones de compatriotas que en los tiempos actuales necesitan la protección del Estado mexicano ante el endurecimiento del régimen estadounidense.
